Luego de cuatro días de paro, el gobierno Petro retrocedió frente a un grupo de camioneros que tienen parcialmente bloqueadas las entradas a Bogotá y a ciudades como Bucaramanga y Cúcuta. Por ahora es un paro de pequeños propietarios, que no acompañan los grandes gremios de transportadores. Aunque no ha tocado los puertos del Caribe o Buenaventura, ni ha causado graves alteraciones a la cadena de suministros de alimentos, ha causado parálisis en la capital, donde hay cierres de colegios y universidades, entre otros.
Manteniendo su promesa de no usar la Policía, el presidente también cedió en su habitual estilo de confrontación frente a un movimiento que amenaza en convertirse en la protesta social más disruptiva en su gobierno. Anoche la ministra de Transporte, María Constanza García, ofreció congelar las siguientes subidas programadas al precio de diésel, o Acpm. Pero la oferta fue rechazada de plano por los camioneros, que siguen en paro.
Con el nuevo pulso Petro abrió un frente de negociación con un paro camionero dividido, de pequeños propietarios, y lejano a los grandes intereses empresariales que él señala. Frente a esta protesta cambia la estrategia confrontacional que ha mostrado con otros sectores productivos, como las EPS, los bancos y las generadores de energía, con quienes ha usado la intimidación como táctica. El principal riesgo de la medida de aceite es torpedear el plan fiscal con el que el gobierno espera sanear las finanzas públicas, y meterle más presión a un presupuesto desfinanciado.
La puja comenzó el 30 de agosto, cuando el Ministerio de Hacienda decretó un aumento de $2.000 al precio del diésel. Y proyectaba otros dos para alcanzar los $6.000 y cerrar el hueco fiscal producto del Fondo de Estabilización para los Precios de los Combustibles (Fepc), una bolsa con la que se subsidian los precios de los combustibles en Colombia. El tamaño del hueco del Fepc ascendería a $12,8 billones por subsidiar el diésel. La cifra implica otro golpe para un gobierno que le falta cerrar el déficit de su presupuesto del próximo año, y por el que ya anuncia una nueva reforma tributaria, que ahora tendría que ser mas grande.
La primera línea de camioneros sigue firme
La ministra García les dijo a los camioneros que, por orden de Petro, no podía comprometerse a revertir el decreto con el que el MinHacienda subió el precio del diésel, como quieren los manifestantes. Luego les hizo la propuesta de aplazar las siguientes subidas programadas por Hacienda hasta que se instalen unas mesas técnicas para discutir con los camioneros de base. Es decir, la posición del gobierno es mantener en firme el alza de $2.000, pero abrió la puerta para renegociar las condiciones de los siguientes aumentos.
La línea roja del gobierno es el desmonte del subsidio al diésel, pues no hacerlo comprometería el presupuesto y los recursos que espera tener con la reforma tributaria. El presupuesto para el 2025 está desfinanciado en $12 billones. Lo más probable es que el Congreso lo apruebe, pero eso implica una reforma tributaria para fondear su déficit. Si el gobierno no cierra el hueco del Fepc, la factura de esos subsidios debe pagarlos o con recursos del presupuesto, reduciendo el espacio fiscal para el gasto del gobierno; o con más deuda pública, lo que aumenta el déficit fiscal.
Es decir, le mete más presión fiscal a un gobierno con suficientes problemas de plata para 2025. La medida también es importante porque se alinea con la idea de desincentivar los combustibles fósiles, e incluso el director de crédito público, José Roberto Acosta, destacó la nueva subida del diésel como una forma de hacer más atractivo la emisión de TES, los bonos con los que el gobierno busca plata en el exterior.
Ya el gobierno se la había jugado por la medida de acabar con el subsidio al precio de la gasolina desde el segundo semestre de 2022 sin generar mucho aspaviento (pasó de $9.046 pesos a $14.564 pesos, un incremento del 40 por ciento en precios constantes). El paso siguiente era ir por el diésel, pero esta vez la impopularidad de la medida se ha hecho evidente.
La nueva oferta de negociación fue rechazada por unanimidad por los líderes camioneros presentes. “No hay acuerdo. Nosotros vamos a respaldar la posición de los camioneros de base. Pronto se van a unir los moteros y los taxistas”, le dijo a La Silla Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, quien estuvo en la reunión con la ministra y a quien el presidente cuestionó en Twitter (ahora X) por su postura frente a los subsidios del diésel.
En la reunión no estuvo presente Nidia Hernández, de Colfecar, el gremio de las grandes empresas transportadoras, quien se desmarcó del paro. En contraste asistieron voceros de los camioneros, volqueteros y buseteros que están agitando las movilizaciones en diferentes lugares del país.
William Camargo, el exministro de la cartera de transporte, le contó a la Silla que ya había logrado negociar algunas concesiones con los transportadores en las mesas previas que habían sostenido con varios representantes de sus gremios.
“Se mantuvo congelado durante los dos primeros años el precio del diésel. También aplazamos la actualización del costo de los peajes por la inflación que había de dos dígitos. Pero igual, en las mesas de trabajo les habíamos explicado por qué no tenía sentido subsidiar los combustibles fósiles en una apuesta nacional de transición energética”, dijo.
Camargo dice que, en su momento, el mismo gobierno había propuesto un aumento gradual de los costos del diésel, mensualmente o incluso semana a semana, pero que fueron los mismos transportadores los que dijeron que no a esa propuesta porque era muy complejo trasladar esos cambios graduales a la estructura de costos de los fletes.
Los transportadores llegan divididos al paro
El sector de los transportadores de carga se calcula que mueve entre 130 o 140 millones de toneladas de carga al año (aunque con un gran subregistro) y tiene 240 o 260 mil propietarios de vehículos. Pero muchos de ellos decidieron no acompañar el paro.
Uno de los que se ausentó fue la Federación Colombiana de Transporte de Carga por Carretera, Colfecar. Este gremio, que ya tiene 48 años y es el más grande y representativo del sector de las empresas de carga, tiene más de 250 empresas como Coordinadora, Servientrega, Envía, Coltanques, entre otras que decidieron no entrar en paro, así estén en desacuerdo con la medida de subir los precios del diésel.
“Colfecar no participa en el paro porque somos respetuosos de nuestras leyes y estas indican que bloquear una vía es delito”, dice Nidia Hernández, presidente de Colfecar. “Le hicimos una propuesta al gobierno de un precio de diésel razonable y no a un precio internacional, pero lamentablemente el ministro de Hacienda no quiso seguir avanzando en esa fórmula”.
Esta es una propuesta en la que se ha encontrado todo el sector, y que aterrizó en una carta que la Cámara Intergemial de Transporte le envió al gobierno nacional en marzo pasado.
A su vez, Colfecar hace parte del Consejo Gremial Nacional, el cual agrupa a 32 gremios. Ayer este Consejo sacó un comunicado rechazando los bloqueos de los camioneros.
Pero no son sólo las grandes empresas transportadoras las que no han salido del paro. Otro gremio importante que también está por fuera actualmente es la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), que es el gremio más representativo de las bases camioneras. Aunque movilizaron caravanas de protesta pacífica el pasado viernes 30 de agosto, voceros de la empresa, como Miguel Castro, dicen que se han comprometido a no hacer bloqueos de vías. Dicen, en todo caso, que están en desacuerdo con el aumento del precio del Acpm.
“Se demostró que Ecopetrol produce todo el ACPM que requiere el país, y lo único que expresó el gobierno fue su negativa a estudiar esa fórmula e impuso fechas para programar las alzas del precio”, dice el comunicado publicado por ACC el 1 de septiembre.
Otra que no ha hecho parte de los bloqueos es la Asociación Gremial de Camioneros del Valle del Cauca, que aglutina por lo menos 7 mil camioneros en esa región, y que tampoco se unió a las movilizaciones. José Ignacio Montealegre, uno de sus voceros, dijo que la región tenía “problemas más graves de los cuales ocuparse, como la demora en la carga en los puertos”, dijo.
Dentro de los que sí decidieron salir está, por ejemplo, Fedetranscarga. Es un sindicato que nació en medio de la coyuntura del paro camionero de 2016 para agremiar a los transportadores. Hoy tiene 14 empresas. “Si el gobierno no está dispuesto a negociar el precio del combustible esas mesas serán un fracaso”, dijo Henry Cárdenas, su presidente.
Cardenas sostiene que buscan que el gobierno vuelva a considerar la opción de bajar los precios del diésel emparejando su precio al costo de producción en Colombia y no a precios internacionales, una propuesta a la que han hecho eco senadores como Jennifer Pedraza y Jorge Enrique Robledo.
El exministro Camargo insiste, sin embargo, que esa contrapropuesta no es viable económicamente. “Si bien el combustible se crea en el país, si se vende el Acpm a menos de lo que se exporta, el país pierde ganancias. Vender en Colombia por debajo del precio internacional es un subsidio”, dice.
Más pequeños propietarios que grandes empresarios
Ignorando esa división, el presidente Petro señaló a los grandes empresarios del transporte como los causantes de las movilizaciones. “Los grandes empresarios de camiones, dueños de miles de tractomulas, creyeron que el subsidio era un derecho que el pueblo colombiano debe pagarles”, escribió en Twitter (ahora X). Sin embargo, contrario a la visión del presidente, el paro camionero se está alimentando no de las grandes compañías de transporte, ni de los gremios que las representan, sino de pequeños propietarios que se están preparando para un paro de largo aliento.
Uno de los principales puntos de concentración en Bogotá fue en la 170 con avenida séptima, por la salida hacia el norte. Un grupo de cerca de 100 camioneros se parquearon desde la noche del lunes para protestar por el aumento del diésel. Según uno de sus voceros, el volquetero Pablo Aponte, se empezaron a coordinar por sus grupos de Whatsapp para armar la protesta. Son un grupo de hombres, de mediana edad, que viven en los barrios populares del norte, como San Cristóbal y San Antonio.
Aponte tiene una pequeña volqueta roja, de un eje, con la que diariamente hace tres viajes para transportar arena desde el sur de la ciudad hasta los proyectos de construcción que le compran el material. Explica que gasta 7 galones de diésel en cada viaje. Es decir, 21 galones al día. En cálculos de servilleta, como el galón subió $2.000, se va a empezar a gastar $42.000 más todos los días. Un poco más de $1 millón si se multiplica por los 24 días que trabaja en el mes.
“Si nosotros asumimos esas pérdidas pronto vamos a tener que vender nuestras volquetas. No es un negocio rentable”, dice Aponte mientras supervisa una olla comunitaria, donde decenas de hombres pasan por un plato de sancocho y deciden, casi de manera arbitraria, los carros que dejan pasar o no por el bloqueo.
En el nororiente de Bogotá, sobre la circunvalar con calle 52, otro grupo de entre 20 y 30 camiones bloquean la avenida que pasa sobre los cerros de la ciudad. “Estamos tratando de hacer algo porque nuestros representantes no llegaron a ningún acuerdo con el gobierno. Mi abuelo, mi papá y mis hermanos pertenecen al gremio. Por eso estoy acá”, dice Yesid González, de 39 años, quien trabaja desde los 16 arriba de un camión. Como en el punto de la salida hacia el norte, los hombres que están son vecinos de la zona y van hasta su casa a descansar para luego seguir con la protesta.
El perfil de hombres como Aponte y González son los que están agitando el paro camionero en el país. Se tratan de pequeños propietarios sin fuertes conexiones con los grandes gremios del sector. Viven en zonas aledañas a los bloqueos y se coordinan por Whatsapp. De hecho, los dirigentes gremiales de Colfecar y Fedetranscarga coinciden en que el crecimiento del paro se está dando de una forma “más espontánea”, con grupos que se suman de manera solidaria a las protestas y sin la dirección de grandes asociaciones.
En el gobierno también saben del crecimiento orgánico de la protesta. “Los notamos medio sueltos”, le dijo a La Silla un alto funcionario del gobierno presente en el Puesto de Mando Unificado que se hizo el lunes en el Ministerio del Interior. De hecho, el ministro Cristo ayer habilitó un link de zoom para conversar directamente con los camioneros y se conectaron más de 700 personas. “No tienen voceros reconocibles ni pliegos de cargos unificados”, señala la fuente del gobierno, quien pidió la reserva de su nombre.
Desde el Puesto de Mando Unificado, el general José Luis Ramírez, Jefe Nacional del Servicio de Policía, informó hasta el momento (la tarde de ayer) hay “81 actividades de manifestación pública en el país, de esos son 29 bloqueos permanentes, 37 bloqueos intermitentes, 14 concentraciones y una movilización en 55 municipios del país, con un aproximado de 2.300 personas y 537 vehículos”.
En el gobierno reconocen que el paro está creciendo orgánicamente, sin voceros ni pliegos claros, con los riesgos que eso implica para una eventual negociación, según un alto funcionario que participa directamente de las conversaciones. Su capacidad para negociar se pondrá a prueba con una movilización con tintes populares semejantes a las que llevó a Petro al poder y con urgencias fiscales que no puede aplazar.
