Ocho senadores de la Comisión Séptima radicaron una ponencia de archivo de la reforma laboral y la dejaron prácticamente hundida porque son mayoría entre los 14 integrantes de esa comisión. El presidente Gustavo Petro reaccionó primero amenazando con romper relaciones con el Congreso y advirtiendo que la decisión puede generar violencia. Luego, anunció que buscará una consulta popular para aprobar la reforma.
Es muy probable que los ocho archivadores de la laboral también se pongan de acuerdo para hundir la reforma a la salud, que acaba de ser aprobada en la Cámara, y también debe pasar por el estudio de esa comisión. Petro también afirmó que la consulta popular incluiría la reforma a la salud.
¿Por qué importa?
Marca que las reformas sociales del gobierno Petro llegan a su fin en este Congreso. No solo porque está cantado que no tienen el respaldo político en el Senado, sino porque, además, si quisieran insistir deberían radicar el otro semestre cuando senadores y representantes casi no van a sesionar porque están en campaña para su reelección en 2026.
Encima, en noviembre arranca la ley de garantías que congela buena parte de la contratación del gobierno y limita sus herramientas para lograr apoyos legislativos.
El legado de las reformas sociales del gobierno tramitadas por vías ordinarias queda en la reforma pensional, que sí fue aprobada en el Congreso el año pasado. La Corte Constitucional está por definir su constitucionalidad.
El inminente archivo de la laboral muestra que el gobierno no consiguió revertir las mayorías opuestas que tenían en el Senado y la Comisión Séptima, que ya había tumbado su primera reforma a la salud. Ni con la llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior, ni con la reconfiguración del gabinete para sostener ministerios a La U y el Verde, que tiene senadores en esa célula.
La primera reacción del presidente Petro promete volver a encender el ambiente de confrontación de 2023, ahora en modo electoral con la consulta popular, que debe ser aprobada en el Senado para luego ir a las urnas.
En 2023, el gobierno buscó impulsar su agenda social con protestas en las calles, discursos desde el balcón de Casa de Nariño, y propuestas de reforma constituyente. Ahora lo hace con un capital político más menguado, y en una precampaña electoral, en la que la consulta que el gobierno propone se convierte en el primer pulso y termómetro. Ese mecanismo nunca ha logrado los votos necesarios para aprobar ninguna iniciativa.
Las claves de lo que pasó
La reforma laboral se radicó en agosto de 2023. Luego de un trámite lento, en el que sufrió muchas modificaciones, llegó a Senado el 25 de noviembre de 2023, a la Comisión Séptima del Senado, para surtir el tercer de cuatro debates.
El proyecto aprobado en la Cámara conservaba puntos de honor que reclaman derechos perdidos en la reforma laboral del gobierno de Álvaro Uribe, como las horas extras y los recargos nocturnos. Sumaba pedidos sindicales como el contrato laboral para los aprendices del Sena, la eliminación del contrato sindical y la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad.
El camino para su archivo. Comenzó cuando la presidenta Nadia Blel designó como ponentes a los 14 senadores de la Comisión. Por norma, tenían hasta 15 días para presentar ponencias. Los cuatro senadores del Pacto radicaron la positiva en diciembre. Los demás pidieron plazos para hacer audiencias públicas y recoger insumos. El último plazo para radicar venció hoy, según dijo la senadora Esperanza Andrade.
La ponencia de archivo hecha por el liberal Miguel Ángel Pinto y Honorio Henríquez y Alirio Barrera del Centro Democrático, estaba rotando desde hace un mes, pero no todos habían firmado. Ayer empezaron a llamar para preguntar quiénes más entraban. Las cristianas Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, y Berenice Bedoya, de la ASI, decidieron entrar al archivo. Con eso, armaron el grupo de ocho que decidió hacer el anuncio oficial.
El gobierno Petro no tuvo mucha reacción. Los ministros del Interior, Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, llegaron a la Comisión después de la radicación del archivo. A Benedetti lo sorprendió porque había alcanzado a hablar con dos senadores de ese bloque, según le dijeron a La Silla fuentes de adentro del ministerio. Sanguino, por su parte, se venía sentando con los voceros de gremios poderosos como la Andi, para tratar de llegar a consensos. Pero el afán de presentar la ponencia y no correr más los plazos aceleró el trámite.
Petro anunció consulta popular. Dijo que hay un bloqueo institucional y que entonces el pueblo debe decidir a través de una consulta popular para sacar adelante las reformas laboral y de salud. Para su convocatoria, la Ley exige la firma de todos los ministros y la aprobación de la Plenaria del Senado, la cámara que le ha mostrado más resistencia al gobierno.
Si lo consigue, la votación debe ser convocada, máximo, tres meses después del concepto del Senado. Pero luego viene el reto de la votación. Para que la consulta sea válida se requiere una tercera parte del censo electoral. Es decir, unas 12 millones de personas. Y que entre estas, la mayoría vote a favor de la consulta del presidente.
Lograr eso es difícil. La última vez que hubo una consulta popular fue en 2018, en el referendo anticorrupción, impulsado por los entonces congresistas Claudia López, Angélica Lozano, Jorge Robledo, entre otros. Se quedó por unos 700 mil votos de alcanzar el umbral electoral.
¿Qué dicen los protagonistas?
El presidente Petro. “El bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular”, dijo en alocución presidencial. “Y eso significa que hay que hacer una convocatoria al pueblo”, remató antes de convocar la consulta. Justo antes, el mandatario publicó una andanada de trinos en los que atacó a los congresistas que archivaron la reforma, señaló como mentiroso al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y alentó las marchas convocadas por los sindicatos para el próximo 18 de marzo.
El grupo de senadores opositores. El senador Pinto, uno de los más visibles de los archivadores, dijo que los mensajes de Petro contra la Comisión Séptima son “de la mayor gravedad”. “Mi vida y la de mis compañeros usted las ha puesto en peligro. Si algo nos ocurre, usted es el único responsable”, le respondió Pinto al presidente.
El ministro de Trabajo. “En una democracia el Congreso no se puede negar a discutir una reforma laboral que reclaman los trabajadores y la sociedad de estos tiempos. Senadores: aún hay tiempo para reflexionar y rectificar, escuchando el clamor popular”, dijo Sanguino.
Los sindicatos. “Es una declaratoria de guerra del establecimiento neoliberal y la extrema derecha contra el movimiento social y popular”, le dijo a La Silla Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el sindicato más grande del país y el principal brazo del gobierno para marchar. “Llegó el momento de las definiciones políticas y nosotros vamos a usar la movilización social como siempre lo hemos hecho”.
Los gremios empresariales. “La actual coyuntura debería ser entendida como una oportunidad para reflexionar y construir la reforma que necesita el país, en beneficio de trabajadores y empleadores, que son el motor del desarrollo de toda sociedad”, dice Bruce Mac Master, presidente de la Andi, el gremio de los industriales.
¿Qué viene?
El nuevo llamado de Petro a las calles. El presidente vuelve a poner su gobierno en función de la movilización social y las elecciones del 2026. En enero lo hizo desde Barranquilla, cuando le pidió a sus bases marchar para presionar por la reforma a las tarifas de energía, otra bandera que no ha podido concretar. Estuvo acompañado por el exministro de Minas, Andrés Camacho, quien suena para ser uno de los principales candidatos de las listas del Pacto al Congreso.
Desde entonces, Petro ha pedido movilizaciones para impulsar la reforma agraria, revertir la eliminación del Ministerio de Igualdad o defender la reforma pensional ante el estudio de la Corte Constitucional. Lo ha hecho frente a un movimiento social que, pese a respaldarlo, no ha salido en mesa como espera, tiene sus propias lógicas de movilización y cuenta con sectores desarticulados y poco animados para marchar, como los estudiantes.
El futuro de la coalición petrista. El gobierno sigue en remezón permanente e intentó rearmarlo en función de los partidos en el Congreso, primero con el exministro Juan Fernando Cristo, y luego con Benedetti.
Esa fórmula no amplió la coalición, pero fortaleció espacios de grupos de aliados claves del gobierno en los partidos Verde, Conservador y La U. El bloque de congresistas liberales que lo respaldan siguen a la expectativa de tener un ministerio, y la salida de Luis Carlos Reyes del MinComercio les abrió las puertas para que llegaran.
Sostener esos votos, pese a las derrotas legislativas, es importante para mantener un mínimo de gobernabilidad en la Cámara de Representantes, donde está la Comisión de Acusaciones, que investiga a Petro por las irregularidades de la financiación de su campaña. También para conservar los puentes con políticos tradicionales que pueden sumar a la estrategia de la izquierda para competir en el 2026.
El enfrentamiento del gobierno con otras instituciones. Sobre todo con la Corte Constitucional. El alto tribunal tiene en sus manos dos grandes decisiones que pueden terminar de descolocar a la Casa de Nariño: la demanda contra la reforma pensional y el estudio automático del decreto de conmoción interior declarado en el Catatumbo.
Si pierde en ambas, algo que es posible, Petro se quedará sin su principal logro social y sin el nuevo norte que le trazó a su gabinete para rematar el gobierno, el de hacer grandes intervenciones sociales en territorios periféricos. El presidente, además, tendrá a la mano más ejemplos para impulsar su narrativa de que el establecimiento y la burocracia del Estado bloquean su programa de gobierno, y que lo único que le quedan son las calles.
