“En Cartagena y Bolívar Cemento País está de moda y modo construcción. (…) Cemento País el aliado estratégico”, dice una cuña en La Reina, una de las emisoras más escuchadas de la ciudad. La publicidad de Cemento País se tomó Cartagena. Taxis la llevan en sus vidrios traseros, hay vallas, ha estado presente en el estadio de fútbol Jaime Morón y en decenas de medios locales y nacionales.
Se trata de una compañía nueva que entra a un negocio millonario, que requiere grandes inversiones y tiene pocos jugadores. La cara visible es Carlos Espinosa, el gerente comercial. Detrás está el emporio de la poderosa familia Hilsaca.
La cabeza es Alfonso “El Turco” Hilsaca, un polémico empresario con estrechos lazos con la contratación pública y la política electoral. Recientemente, el apellido sonó porque el hijo, Gabriel Hilsaca, le entregó 400 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro a través de Nicolás Petro, según reconocieron los propios asesores de Hilsaca.
Hilsaca no está en los papeles de Cementos País. Están sus hijos, Alfonso y Nicolás Hilsaca Acosta, representantes legales. La empresa tampoco está en los registros de contratación con el Estado. Pero según constató La Silla Vacía, les vende cemento a contratistas que ejecutan obras públicas de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar.
La cifra de su participación es incierta. Como proveedores privados Cementos País no tiene una obligación legal y le dijo a La Silla que no sabe “quienes son los contratistas de ninguna entidad de carácter público, privado, regional o nacional”. Y cada contratista público es autónomo de elegir sus proveedores.
La empresa de Bolívar entró de lleno en funcionamiento este año, que coincide con la llegada al poder de Dumek Turbay y Yamil Arana a la Alcaldía de Cartagena y a la Gobernación de Bolívar, dos mandatarios con una fuerte apuesta de infraestructura.
El emporio Hilsaca en el negocio del cemento
La entrada del emporio Hilsaca al negocio del concreto le permite una presencia transversal en los distintos proyectos de obras civiles de la contratación pública del departamento. Depende de cada obra, pero el concreto puede representar alrededor del 30 por ciento del valor total de la construcción de una vía, según tres expertos consultados.
Alfonso “El Turco” Hilsaca tiene 65 años y como contratista estatal su fuerte ha sido el alumbrado público, donde ha ganado concesiones en municipios de Bolívar, Norte de Santander, Santander, Huila y La Guajira. Como contó La Silla, en Neiva empresas con vínculos con Hilsaca se ganaron la actualización catastral en un sofisticado esquema que permitió un aparente cruce de favores.
“El Turco” también ha tenido hoteles y restaurantes y negocios de construcción, de tránsito y relleno sanitario y ha sido un poder en la corporación ambiental Cardique.
A la par que ha sido contratista, Hilsaca ha hecho fama por sus estrechas relaciones con la clase política y por financiar campañas. En 2005 reconoció en Semana que financió a Alberto Barbosa, alcalde de Cartagena entre 2004 y 2005, que luego le entregó la concesión de relleno sanitario de la ciudad a una empresa con vínculos con Hilsaca. En ese momento dijo que no recordaba con exactitud cuantas campañas había financiado.
En Cartagena el apellido de Hilsaca genera terror. Su apellido apareció en la lista de financiadores en los registros del computador de “Jorge 40” y fue mencionado en una conversación entre ese exjefe paramilitar y Salvatore Mancuso, referida a acuerdos económicos y políticos, como consta en un perfil de Consejo de Redacción sobre el empresario y en noticias de El Tiempo.
Hilsaca estuvo vinculado a dos casos por homicidio y en uno fue absuelto y el otro precluyó. En 2009 fue señalado por paramilitares de estar detrás del asesinato de cuatro trabajadoras sexuales en la Torre del Reloj en Cartagena, pero en 2010 precluyó el caso. En 2014 fue señalado del asesinato del hijo de un paramilitar y de financiar a Los Rastrojos Costeños, pero hace unos días fue absuelto en segunda instancia.
Con esos ruidos detrás, en 2021, el emporio Hilsaca dio el primer paso para entrar al negocio del cemento. El 29 de octubre de ese año fue constituida Cemento País SAS, y los accionistas son tres empresas que tienen el mismo número de acciones.
Dos de las empresas que constituyen Cemento País son AGM Desarrollos SAS y American Lighting SAS, dos reconocidas empresas del emporio Hilsaca. AGM Desarrollos SAS inicialmente se llamaba Construcciones Hilsaca y en varios documentos en Cámara de Comercio ha figurado su esposa, Clara Inés Acosta, como accionista y su hijo, Gabriel Hilsaca, como representante legal. Asimismo, American Lighting ha tenido durante años como accionistas a integrantes de la familia Hilsaca (en el última acta de accionistas en Cámara de Comercio, del año 2017, aparecen como accionistas Clara Inés Acosta y empresas de Hilsaca).
Pero fue solo en 2023 cuando se montó la planta cementera en el municipio de Turbaco, al lado de Cartagena, como consta en las actas en Cámara de Comercio. De hecho, el año pasado, Cemento País tuvo pasivos por 66 mil millones de pesos e ingresos por solo 125 millones.
Es en 2024 el año en que Cemento País empieza a funcionar en firme. En su fuerte campaña publicitaria, la empresa se ha intentado mostrar cercana a los dos mandatarios más importantes del departamento: el alcalde Dumek Turbay y al gobernador Yamil Arana. Ambos tienen en sus planes de gobierno ambiciosos proyectos de infraestructura, que necesitarán mucho cemento.
En Cartagena, Cemento País se ha presentado como un aliado de la “Guerra frontal contra los huecos”, uno de los programas bandera del alcalde Turbay. Un discurso replicado por medios locales y nacionales, como Caracol Radio. En la Alcaldía de Cartagena le dijeron a La Silla que no hay ninguna alianza en ese sentido.
Lo que sí pudo establecer La Silla Vacía es que Cemento País es uno de los proveedores de los contratistas que están rehabilitando la malla vial de Cartagena. Turbay adjudicó dos contratos que suman 114 mil millones de pesos a los consorcios Rehabilitación Vial y Paviconstrujc.
Por ejemplo, el viernes 18 de octubre dos camiones de Cemento País llegaron a la obra en el barrio El Silencio, uno de los 56 tramos a cargo del Consorcio Rehabilitación Vial. Esa es una tramo de 658 metros lineales.
La Silla también visitó el barrio San José de los Campanos, donde están pavimentando la calle con Cemento País, según informó en el terreno María Gabriela Aragón, de la interventoría de la obra.
En todo caso, hay otras cementeras trabajando en la rehabilitación de vías en Cartagena, como Cementos Argos, como constató La Silla en un recorrido por la ciudad. La Fundación Argos donó 49 millones a la campaña de Turbay, según consta en los reportes públicos de esa campaña.
En Bolívar, Cemento País también se ha intentado acercar a la Gobernación. En enero, el gerente comercial, Carlos Espinosa, entregó 200 kits escolares en el municipio de Arroyohondo acompañado de la primera dama, Angélica Salas. En junio, la cementera donó un tablero de béisbol para el estadio de Arjona y kits escolares, algo que celebró el gobernador Arana: “Agradezco a Cemento País por su apoyo al deporte, lo que me convence de que trabajando unidos podemos conseguir muchas cosas para la gente”.
Según consta en la página web de Cemento País, uno de los proyectos en los que ha participado es el Coliseo Ferial de Arjona. Es una obra de 17 mil millones, que fue adjudicado en el gobierno de Vicente Blel Scaff, de la misma línea de Arana.
Cemento País también ha sido proveedor de las Juntas de Acción Comunal que contrató la Gobernación de Bolívar. Arana anunció que invertirá 50 mil millones de pesos en proyectos con las JAC, que se dividen en pequeñas obras. Según explicó el presidente de la JAC de la Ciudadela India Catalina, Jaime Villarreal, que hizo una vía de 191 millones, su proveedor fue Cemento País por los precios bajos: “Por tres metros cúbicos de cemento nos cobraron cuatro millones 896 mil pesos. En cambio, Cemex nos cobraba 5 millones 685 mil”.
Cemento País no respondió en detalle la mayoría de preguntas de La Silla para esta historia, argumentando que “las compañías corresponden a sociedades regidas por el derecho privado y, por tanto, sus actividades no son objeto de interés público”. A través de una carta (que puede leer aquí), Cemento País señaló que “las preguntas son selectivamente encausadas a conocer información de carácter privado (…) que sólo le interesarían conocer a nuestra competencia en el mercado (…) y al parecer buscan generar un desvío de nuestra clientela, generar una confusión en el mercado, desacredito y un desleal aprovechamiento de la reputación ajena”.
La Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar negaron cualquier alianza con Cemento País, y señalaron que cada contratista es libre de elegir sus proveedores. “La Administración no entrega instrucción, recomendación o favor alguno a la contratación de los proveedores de los contratistas estatales”, dice la Alcaldía de Turbay. “Yo no recomiendo nada, puedes llamar a los contratistas uno por uno. Aborrezco esa práctica”, dice Arana.
